El maltrato infantil constituye uno de los problemas sociales más graves en México.

Es impresionante la prevalencia del fenómeno en todo el país. Día a día se reportan, denuncian o encubren, casos de maltrato a menores en una gama de expresiones, que van de las omisiones a los abusos y a las lesiones graves, que en situaciones extremas, podrán culminar en la muerte del infante (Ampudia y Jiménez, 2006]. Aun cuando se carece de cifras precisas de la magnitud del problema, se infiere que su presencia es cada vez más evidente. En cuanto a la epidemiología del fenómeno del maltrato infantil en México, se han encontrado estadísticas importantes que reflejan el impacto social de esta problemática. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2005), el porcentaje de casos comprobados de denuncias recibidas por maltrato infantil se incrementó en 73.9%, mientras que en 2004 fue de 59.2%. Sin embargo, el porcentaje de casos comprobados de maltrato infantil presentados ante el Ministerio Público asciende a 17.1%, lo que evidentemente no corresponde a cifras reales, porque no se le identifica fácilmente, dado que no existe una cultura de denuncia de este hecho.

Una vez reportado el maltrato a un menor, los individuos y las familias en crisis quedan expuestos a la intervención de un tercero, que no siempre se involucra de manera espontánea y voluntaria. El ámbito de lo privado se abre al terreno de lo público y la denuncia amplifica el hecho, por lo que, al acudir en condiciones desfavorables y traumáticas, los actores exhiben las emociones y los comportamientos más primitivos (Santaella et al, 2007)